Al menos siete lideres comunitarios y ambientalistas que exigen el cierre de la minera Agregados del Caribe S.A. de C.V. (AGRECASA). Su cabeza vale un millón de lempiras y su vida pende de un hilo a manos de sicarios que llevarían a cabo su asesinato, según denunciaron afectados a pasosdeanimalgrande.com.

II Parte: Silenciar a líderes

La compañía AGRECASA, permanece desde hace 19 años en Puerto Cortés, con un permiso de operaciones para sacar arena y grava, pero se ha denunciado por líderes comunitarios que en medio de sus operaciones saca oro para llevárselo silenciosamente a Estados Unidos , a vista y paciencia de las autoridades que la han sostenido a lo largo del tiempo, incluso de la actual administración de la presidenta Xiomara Castro.

La cabeza de quienes hablan vale oro

“Un millón por cabeza” es el precio que se le ha ofrecido a los sicarios por el asesinato de líderes comunitarios y ambientalista que se oponen a que siga explotando la cantera Sapadril, ubicada en Puerto Cortes, según una denuncia ante el Ministerio Público.

La denuncia es contra el exalcalde de Puerto Cortés Allan Ramos y contra Santiago Durán, contratista volquetero y Emilio Montoya, regidor municipal. “Todo esto por oponernos junto con otros líderes y miembros de la comunidad a la destrucción que está causando la empresa Agregados del Caribe en nuestra zona”. Supuestos delitos cometidos por el denunciado: “amenazas” , señala la denuncia.

Suman alrededor de siete líderes comunitarios y ambientalistas que se oponen a las operaciones de AGRECASA, para que pare su explotación de la cantera Sapadril. Las acciones contra ellos van desde amenazas a muerte, hostigamiento y  persecución, por lo que han tenido que recurrir tanto al Ministerio Público como al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,  (CONADEH),  en busca de protección.

Fiscales se hacen de la vista gorda

Los defensores amenazados son Víctor Dubón Claros, Nahún Reyes Rivera, Fredy Francisco Rivera Madrid, Rosalío García, Pablo Sánchez, Leónidas Elvir y Celedonio Cantarero. Todos ellos andan desprotegidos. Ante la petición de auxilio, por solicitud al CONADEH, la policía asignó, por el término de seis meses, un oficial de enlace para que esté pendiente a cualquier llamado de los defensores amenazados.

“La razón por la cual nos están amenazando es porque nosotros somos los que andamos dirigiendo ahí la comunidad para que AGRECASA abandone el lugar por los daños y perjuicios que ha ocasionado al medio ambiente, la contaminación del agua y las enfermedades de la piel de las personas”, relató Rosalío García.

Las amenazas, explicó, les están llegando a través de los volqueteros y de otros emisarios. AGRECASA no nos va a amenazar directamente, buscan otros intermediarios. A raíz de esto nosotros fuimos a poner la denuncia ante la fiscalía en Puerto Cortés y San Pedro Sula, pero no hemos visto ninguna acción de los fiscales, lamentó.

En el Ministerio Público “nos atendieron, así como de mala gana, esto nos hace pensar que pueden estar coludidos con la minera. Hay que recordarle a la gente de la fiscalía que ellos son empleados públicos, porque cuando lo ven a uno, como que les estorbáramos”, agregó.

Y el Mecanismo Nacional de Protección qué se hizo?

Algunos compañeros se han retirado de las acciones de protesta porque las amenazas les ha llegado más directamente. Tras pedir protección al CONADEH, este ente remitió una nota a la policía, según oficio DRN-069-2024EC, de fecha cinco de junio de 2024.

Pero fue hasta el cuatro de julio de 2024 que la policía se reunió con las personas amenazadas. “Ahí les contamos las cosas tal como habían sucedido y nos asignaron un oficial de enlace al que debemos llamar en un momento de emergencia”, contó García.

De acuerdo con este defensor, las amenazas son diferentes para cada compañero, a unos les dan seguimiento y vigilancia en carros sin placa, otros reciben las advertencias y amenazas a través de amigos y también mediante los volqueteros que trabajan con la minera.

Llama la atención que el Mecanismo Nacional de Protección no ha intervenido en esta situación, tal como se lo manda la Ley de Protección. El CONADEH debe remitir los casos de personas que son beneficiarias según la Ley de Protección para que de manera inmediata se proceda a proteger a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia que están en un inminente riesgo por su labor.

OACNUDH debe intervenir en este caso asesorando al Estado y acompañando a los defensores amenazados 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, de acuerdo a su mandato firmado el 04 de mayo de 2015 tiene la obligación de asesorar al Estado de Honduras a través de la la Secretaría de Derechos Humanos y el CONADEH para que se tomen acciones encaminadas a detener violaciones a derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos, así como investigar lo que está pasado con la minera.

Asimismo los  "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos:  puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar'", que fueron elaborados por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, señalan en el principio I sobre el Deber del Estado de Proteger los Derechos Humanos, que "Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia".

Operación y daños de la minera                                                                                                      

AGRECASA obtuvo una concesión en el año 2005, pero empezó a explotar supuesto material pétreo de la cantera en 2007. La extracción ha dejado enormes daños ambientales, en viviendas y en la salud de los pobladores de unas ocho comunidades situadas alrededor de la cantera.

Los habitantes de las comunidades La Unión 1 y 2, la colonia 30 de enero, Sapadril Arriba, Sapadril Abajo, las Brisas de Tramade han tenido que soportar las constantes explosiones realizadas por AGRECASA, las cuales han dañado decenas de viviendas.

Por otro lado, la flora y la fauna desaparecieron, el agua de los ríos Medina, Sapadril y Quebrada Brisas del Mar son contaminadas todos los días. Las personas de las comunidades alrededor del sitio de explotación también sufren distintas enfermedades en su piel.

Todas estas vicisitudes llevaron a que los habitantes de los sectores afectados se unieran e iniciaran acciones de protesta exigiendo el cierre de la minera; no obstante, a raíz de ello algunos de los líderes de las manifestaciones han venido sufriendo amenazas por personas vinculadas con AGRECASA, según versiones de las víctimas.

A raíz de estas protestas, las autoridades ambientales realizaron inspecciones en la cantera en dos ocasiones, una entre el 17 y 19 de abril y otra entre el 8 y 9 de mayo de 2024, encontrando que la empresa antes mencionada estaba operando con una licencia vencida, que violenta la legislación ambiental, además de poner en riesgo el ambiente, los ríos y la vida la vida de los pobladores.

El 9 de mayo se ordenó el cierre de la minera, pero días después el mismo Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) que investigó y documentó los abusos de AGRECASA, le permitió a la empresa sacar todo aquel material que ya había arrancado, desde entonces la empresa no ha parado la extracción de material, lo cual hace sospechar a los pobladores de la zona que la minera dejó atrás el uso de explosivos y ahora está usando maquinaria para romper la tierra y así continuar sus operaciones.

El material extraído de la cantera Sapadril, ubicada a unos 8 kilómetros de Puerto Cortés, es llevado en barcos a Estados Unidos. De acuerdo con los pobladores afectados alrededor de 150 volquetas, realizan entre 20 y 30 viajes diarios llevando material de la cantera al puerto.

Un territorio peligroso

En Honduras, la defensa del ambiente y de los territorios se ha convertido en una actividad sumamente peligrosa para los activistas. Incluso para los medios de comunicación que han dejado de cubrir estas noticias porque en algunos casos los dueños de las concesiones son políticos y grupos de poder que buscan controlar a la prensa, mediante coimas o amenazas.

A pesar de que el Estado está en la obligación de proteger la vida de los ambientalistas y defensores de territorios, más bien los persigue y criminaliza a través del Ministerio Público tal como ha venido sucediendo con los defensores de Guapinol, en Tocoa Colón.

En los últimos cuatro años, al menos 32 defensores de Guapinol, que protegen el parque Nacional Montaña de Botaderos- donde nacen los ríos Guapinol y San Pedro- fueron llevados ante justicia por parte del Ministerio Público, respondiendo a peticiones de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”, que explota una mina dentro de la reserva.

En la defensa de este parque nacional, alrededor de seis ambientalistas de Tocoa han sido asesinados, sin que las autoridades policiales y del Ministerio Público se interesen en dar con los responsables de estos crímenes. El último en ser acribillado fue Juan López, a quien los sicarios le quitaron la vida el 14 de septiembre de este año.

En el caso de los líderes comunitarios y ambientalistas que exigen el cierre de AGRECASA ya llevan muchos años luchando contra ella, pero la minera siempre busca formas de evadir las leyes y actualmente sigue operando con un permiso temporal que le dio Inhgeomin.

De acuerdo con Víctor Dubón Claros, ya son 18 años luchando contra la minera y todavía las autoridades ambientales no logran su cierre definitivo, a pesar de que mediante inspecciones se comprobó el impacto ambiental causado, así como el gran daño a las viviendas y a la salud de la población que vive en los alrededores de la cantera.

Igualmente, Dubón explicó que las amenazas se dan mediante vigilancia y persecución con los carros de la empresa, los cuales caminan sin placas y a través de llamadas a compañeros diciéndoles que se aparten porque si no los van a matar.

Incluso, algunas amenazas llegan a través de compañeros de amigos. Un día una persona le dijo a un amigo: “mira yo soy amigo tuyo a mí me buscaron para esto”. Hay audios donde se ofrece un millón de lempiras por cabeza los cuales denuncia que ya fue  presentada ante las autoridades competentes, denunció Dubón.