Entes vinculados a la defensoría de los derechos humanos actualmente le dan seguimiento al expediente judicial (1)-14-2023 S.-1 que contiene la acusación y encarcelamiento del doctor Jorge Funes, quien a pesar de que actualmente goza de medidas sustitutivas a la prisión, exige justicia en su caso, ya que este lleva diez años y por negligencia del fiscal no avanza.

Abogados precisan que tanto los jueces como los fiscales están obligados a agilizar los casos para una pronta aplicación de justicia, de no hacerlo se exponen a ser denunciados y sancionados.

El 15 de agosto de 2024 el caso de Funes cumplió diez años. El médico de profesión debido a su actuar de buena cayó en una trampa que le tendieron miembros de la Organización No Gubernamental (ONG) denominada Asociación de Consejeros Técnicos de Honduras (Acotedh), según relato de la víctima.

Después de nueve años de haberse interpuesto las acciones judiciales en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el Ministerio Público no pudo probar la culpabilidad del acusado y bloqueó el avance del proceso en al menos cinco veces, pidiendo prórrogas. Ante tal circunstancia, fue hasta en el 2023 que el caso pasó a juicio oral y público.

Después de la presentación de pruebas, el tribunal de sentencia agendó el inicio del juicio oral y público para el 12 de agosto de 2024. El acusado con su defensa acudió listo para iniciar el debate, pero el fiscal Melvin Velásquez nuevamente llegó a la audiencia a pedir otra prórroga alegando que no había podido contactar a los testigos. Así mantuvo la misma estrategia en los juzgados de lo penal.

Ante tal demanda de Velásquez, uno de los jueces, en tono molesto, le respondió diciéndole que si no tenía como comprobar los hechos mejor que retirara los cargos. Al final los jueces del Tribunal de Sentencia accedieron a reprogramar el juicio para el 5 de mayo de 2025. Mientras Funes se mantuvo firmando en el Juzgado de lo Penal cada 15 días por nueve años, ahora según disposición del tribunal lo hará cada mes.

Retardo de justicia

Pasos de Animal Grande consultó a varios experimentados profesionales del derecho y todos coincidieron que en este caso de Funes- acusado en el 2014 por el delito de estafa agravada continuada- no solo hay una tardanza de justicia, sino también indicios de violación de sus derechos humanos.

El abogado Lester Ramírez sostuvo que 10 años es un tiempo extremadamente largo en cualquier tipo de juicio. Eso se daba antes del año 2002, pero una vez entró en vigencia el nuevo Código Penal se pasó del sistema inquisitivo al juicio oral y público y los tiempos se acortaron, pues ese era el fin, sostuvo.

Si el acusado antes de ser enviado a la cárcel no fue escuchado por el juez, entonces puede haber una violación a sus derechos humanos, a su derecho de defenderse, lo cual debe constar en el expediente, afirmó Ramírez, quien incluso cuestionó la defensa del acusado.

Otro defensor del derecho, que pidió no mencionar su nombre por formar parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) criticó el hecho de que el caso de Funes haya tardado nueve años para ser enviado a juicio oral y público.

La etapa preparatoria y la etapa intermedia que son conocidas por los jueces de Letras de lo Penal solo debe durar dos años, pasado ese tiempo el caso debe ir a juicio oral y público. En caso de que se haya tardado seis años más para enviarlo a juicio oral es una situación que el defensor debió denunciar ante los órganos competentes, porque puede haber una tardanza de justicia de forma mal intencionada.

Ahora que el caso ya están en los Tribunales de Sentencia la defensa debe exigir que el juicio oral y público se lleve a cabo lo más pronto posible y si el fiscal sigue pidiendo prórroga debe denunciarlo ante la supervisión general del Ministerio Público, recomendó.

Y si los jueces se prestan a la argucia del representante de la fiscalía, también deben ser denunciados ante la Inspectoría de Tribunales. Recuerde que al final son los jueces quienes administran la justicia y la tardanza en resolver los procesos también es sancionado según el artículo 54 numeral A de la Ley de la Carrera Judicial.

Este artículo precisa que: “Son contrarios a la eficacia de la administración de justicia, los siguientes actos: a) Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo, el trabajo que les señalen la Ley y los reglamentos de la oficina, o dejar vencer los términos sin la actuación correspondiente”.

“El abogado tiene que exigir que hagan de inmediato ese juicio con pruebas o sin pruebas del fiscal; si el fiscal no tiene pruebas los jueces tienen que darle una condena absolutoria al acusado, incluso ahí el fiscal puede retirar los cargos”, sostuvo este profesional del derecho.

Testimonio del acusado

Funes relató el hecho de la siguiente manera: la propiedad donde se ha pretendido desarrollar el proyecto Vías de San Andrés es una propiedad que mi madre compró en el año 1975. Durante el año 1975 a febrero del 2009, mis hermanos, mi mamá y yo decidimos reforestar el terreno, utilizarlo como un área para ir a recrearnos.

Mi mamá falleció en 1991. Entre 1993 y 1994 con mis hermanos nos declaramos herederos. Entonces decidimos emprender con el terreno inicialmente pensamos en la posibilidad de generar un cementerio ahí pero como eso ha sido un negocio bastante cerrado entonces no se pudo.

Seguimos teniendo el terreno ahí como vía de recreación. En febrero del 2009 una gente de la ONG Acotedh nos visitó diciéndonos que querían comprar el terreno porque pretendían desarrollar el proyecto Vidas de San Andrés y nos pidió que se lo vendiéramos.

El terreno tiene una extensión de 18.65 manzanas. Pactamos en vendérselos en 18 millones de lempiras, pero como la escritura original hablaba de que el terreno tenía más o menos 10 manzanas, entonces llegamos a un arreglo. El 21 de febrero, se hizo una primera escritura donde ellos pagaban tres millones de lempiras por el terreno, así como expresaba la escritura, más o menos 10 manzanas.

Pero se les dijo que el terreno medía más y que por lo tanto debía remedirse y que en caso de que midiera más se iba a pactar a 18 millones. Entonces, como dos o tres semanas después se hizo una nueva escritura donde se detalla que el predio tenía 18 manzanas y que entonces ellos iban a pagar 15 millones extra.

Se estableció un plan de pagos. Ellos hicieron la fuerza por hacer una escritura por tres millones la inscribieron en el Instituto de la Propiedad, y la otra escritura no la inscribieron por no pagar más impuestos creo yo.

Luego ellos solicitaron una remedición de todos los rumbos del terreno y se comprobó que tenía 18.65 manzanas. Y entonces quedó firme la cuestión de que pagaran 15 millones restantes.

Ese documento nunca fue inscrito en el Instituto de la Propiedad, sino que solamente en la Contraloría del Notariado. Pagaron un millón el día que firmamos el documento de compra-venta. Tres ó  cuatro días después pagaron otro millón y una semana después pagaron el tercer millón. Y quedamos pendientes con los otros pagos.

Cuando ya se establecieron los 15 millones, ellos hicieron algunos pagos de manera regular. Y faltando las últimas cuatro cuotas, se hicieron los locos. Lo que restaba eran 6 millones y medio y no lo pagaron. Dentro del documento que se hizo de compromiso de pago, existía una cláusula que después de tres o cuatro meses que no pagaran, podíamos proceder legalmente para recuperar el terreno.

Pero esta gente ya tenía vendidos más de 600 lotes. Ya habían convencido a 600 personas que compraran un lote. Y tuvimos temor de que nos mandaran a matar, pues porque ahí hay de todo, como gente honorable, como gente muy conflictiva.

Entonces yo le dije a mi papá, voy a buscar la manera de cómo apoyar a esta gente de Acotedh, porque habían solicitado un préstamo para desarrollar el proyecto, pero el banco les pedía requisitos, presentar un informe financiero de todos sus movimientos, otro una nota donde dijeron que ya no me debían nada.

Me pidieron primero que yo les diera una nota donde me dijeran que ya no me debían nada. Yo se las hice de buena fe y ellos la aprovecharon posteriormente para decir no te debemos nada. Como presentaron informes financieros medio chueco, el banco les rechazó la solicitud de préstamo porque dentro de los estatutos de Acotedh, tenían prohibido desarrollar proyectos de este tipo.

Entonces decidieron proponerme a mí, que yo tenía mejor perfil económico que ellos, para que yo me hiciera cargo del desarrollo del proyecto. Acepté por dos razones. Una, por tener la seguridad de que mi familia iba a tener los 6 millones y medio que estaban pendiente de pago y dos porque había personas que habían comprado un lote.

Cuando me traspasan el proyecto, me entregaron solo papeles, planos, y no me dijeron que había una infinidad de gente pidiendo que se les devolviera su dinero lo más pronto posible.

El terreno estaba como un todo no se había lotificado, tenían que entrar al proceso de urbanización. Cuando yo asumo la gerencia del proyecto, una de mis primeras metas fue individualizar el terreno. Y empiezo a descubrir que había gente que había pagado 45 mil lempiras y solo tenía un recibo informal, otros presentaban un recibo de depósito al banco, no tenían seguridad de nada.

Entonces les dije como ustedes ya pagaron les asignaré un lote y los autorizaré para que lo escrituren. La gente de Acotedh les había vendido un lote de 180 varas cuadradas por 45 mil lempiras, o sea, entre 50 y 60 lempiras la vara cuadrada y la gente pensó que con ese pago por ser un proyecto de desarrollo social como les habían dicho les iban a dar la casa construida con todos los servicios.

Un abogado me sugirió que se hiciera un documento de compra-venta del terreno, pues yo comencé a hacérselo a cada cliente, asegurándole que se le iba a asignar su lote para que pudiera escriturar, eso la fiscalía lo tomó como que yo estaba estafando a la gente y se metieron al rollo de que no existía el terreno.

Cuando la gente de Acotedh me cedieron el derecho de nuevo de todo el terreno y del proyecto se fundó una empresa llamada Inversiones de Honduras (Inverhon) para que se hiciera cargo del desarrollo del proyecto. Yo tenía como gerente general el 60% de las acciones y había otro abogado llamado Rigoberto Rubio, que ya falleció en el tiempo del covid que era el segundo socio. Él nunca, solo en la formulación de la empresa, apareció. De ahí no volvió a aparecer.

La fiscalía solo procedió contra mí, porque levantaron una atmósfera en donde yo era miembro de Acotedh desde mucho antes y me echan todo, la meta era echarme todo el muerto a mí. Entonces a mí me imputan de estafa continuada por cosas que ocurrieron, la mayor parte de los lotes esta gente lo había vendido en el año 2008, cuando ni siquiera tenían terreno.

Llegaron a tener terreno hasta después de febrero del 2009, cuando mi familia y yo les vendimos el terreno. Ahí pudieron respirar como proyecto y decir, tenemos el terreno. Pero la fiscalía sin pruebas asume que yo tenía que ver ahí.

Me capturaron, no me dieron la oportunidad de declarar, yo había contratado a un abogado de nombre Jacobo Salandía, que se hizo humo, nunca llegó a defenderme. No me ofrecieron ni defensor público. Solo dijeron van para Támara. Como también se capturaron a cuatro mujeres que eran las del proyecto solo estuvieron presas como 23 días y a mí me dejaron en la cárcel un año.

Como se presentó una apelación, la Corte de Apelaciones determinó que en ningún momento yo había cometido estafa continuada, que por los documentos de compra-venta que yo le firmé a la gente por eso me acusaban, decían que mi delito era otro fraude, cuando no estaba engañando a nadie, porque tenía la posesión del terreno.

Al año me dejaron libre con medidas, firmando lunes y viernes de cada semana durante tres años. En las audiencias que eran cada cuatro o seis meses nunca me dejaron hablar. El fiscal Melvin Velásquez siempre llegaba a decir que tenía otra audiencia en otro juzgado ahí y nunca se presentaba o siempre está pidiendo prórroga.

Ocho años estuvo mi caso en los juzgados de Letras, luego lo pasaron al Tribunal de Sentencia. Iremos a juicio oral, yo no tengo temor en decir la verdad, nunca he estafado a nadie, del listado de supuestos afectados que presentó el Ministerio Público, a casi todos se les ha entregado el terreno y ya los tienen escriturados.

El lunes 12de agosto  íbamos a la audiencia inicial del juicio oral y público y ¿sabe qué? nuevamente el fiscal se presentó diciendo que no había podido contactar a ninguno de los testigos que iba a presentar, que había un desorden en el expediente, que no tenía teléfono para contactar a esta gente, que estaba enfermo y que solicitaba que se diera una prórroga.

Los jueces del tribunal le dijeron que sí, que iban a aceptar la prórroga, pero que iba a ser para el 5 de mayo del 2025, sabiendo que el 15 de agosto se cumplían 10 años. Ahora vamos a ver con qué nuevos argumentos sale el fiscal para volver a retrasar el juicio, relató Funes.

Sobre este caso, el abogado penalista Elvin carrillo, también explicó que un juez, por petición del fiscal puede prorrogar una o dos veces el desarrollo de una audiencia de un caso judicial, no obstante, si continúa aplazándola puede tomarse como retardo de justicia y eso es penado por la Ley de la Carrera Judicial.

Igual, que otros profesionales del derecho, recomendó al defensor de Funes estar más atento al desarrollo de juicio y exigir se cumplan con las fechas de las audiencias.

En algunos casos se da eso de que el fiscal solicita prórroga alegando que la audiencia le choca con otras, o por retraso de los testigos, pero al excederse más de dos veces entonces tiene que verse la intencionalidad con que lo hace, explicó carrillo.

Ante el retardo de justicia en el caso de Funes, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos, JOPRODEH, realizan un monitoreo del expediente (1)-14-2023 S.-1 y el desarrollo del juicio oral, y no descarta presentar denuncia ante otros organismos defensores de derechos humanos y ante el Ministerio Público contra el fiscal que lleva el caso.