La presencia del comunicador social Erick Cruz en una sesión de corporación de la alcaldía municipal de Santa Rosa de Copán incomodó a las autoridades edilicias que prefirieron cerrar la reunión aduciendo que él estaba grabando.

Este caso, como otros tantos que los periodistas y comunicadores sociales del sector urbano y rural soportan de parte de las autoridades gubernamentales, así como de otros sectores vinculados a la explotación de los recursos naturales, el comercio, el crimen organizado y narcotráfico, evidencia el clima hostil y letal que enfrenta la prensa hondureña.

“Aquí en el occidente del país el ejercicio del periodismo es bastante delicado, porque se juegan enormes intereses por parte de las autoridades locales, hablo del ámbito municipal. En los dos últimos años estas autoridades son las únicas que me han atacado”, relató Cruz.

De hecho, le voy a contar algo que no se lo he mencionado a ninguno de los compañeros, “a mí me levantaron un acta municipal en una sesión de corporación porque al alcalde (de Santa Rosa de Copán Aníbal Erazo Alvarado) no le gustó mi presencia. Aduciendo que yo estaba grabando la sesión me levantaron un acta por mala conducta”, detalló.

Contó que él va a todo tipo de reuniones a hacer su trabajo de recolección de información. Recordó que ese día- se trataba de la primera reunión de la corporación en el 2022- el alcalde al verlo “suspendió la sesión, y la corporación levantó un acta aduciendo mala actitud de mi parte y nada que ver”.

Desde entonces, sostuvo Cruz, es víctima de calumnias, falsos testimonios, diciendo el alcalde que yo lo estoy extorsionando lo cual no es cierto. Cuando saco una denuncia a favor del pueblo me acusa diciendo que yo ando buscando pauta publicitaria, o es porque yo le estoy pidiendo dinero. Cosas que no son ciertas, aseguró.

Este comunicador actualmente trabaja de manera independiente en su proyecto periodístico registrado legalmente como ProTV Digital. Ante las amenazas, Cruz aseguró estar solo, incluso buscó el apoyo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Santa Rosa, pero dijo haber desistido porque no sintió confianza en el abogado que estaba en turno.

Recordó que hace unos 20 días sacó una noticia sobre el diseño y la construcción de un puente a desnivel en Santa Rosa; por ello un sector de la población lo felicitó, pero otros grupos lo atacaron, al nivel de mandarle a decir con terceros de que si no se callaba lo iban a matar”.

Una situación similar de hostilidad vive el periodista Jorge Posadas, Corresponsal del canal UneTV. Él hace su trabajo también en Santa Rosa de Copán, es un periodista muy crítico y ha denunciado tala del bosque, pero eso le ha traído como consecuencia amenazas, a tal extremo que la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, debió remitir el caso al Mecanismo Nacional de Protección porque el Estado de Honduras tiene el deber de protegerlo.

Esa denuncia de destrucción del bosque obligó al ambientalista Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos no Gubernamentales, ASONOG, a desplazarse de su comunidad después de que hombres fuertemente armados creyendo que estaba en un cuarto de su casa en la segunda planta, dispararon en 22 ocasiones, a mediados de septiembre pasado.

Posadas cree que algo similar le puede pasar y que puede tener consecuencias fatales contra su vida si la situación se complica, aún en ese contexto el comunicador social hace lo imposible para que no dejar de ejercer el periodismo.

Al igual que Erick Cruz, Posadas denuncia irregularidades que se dan desde la alcaldía municipal de Santa Rosa de Copán, conducida por el mismo alcalde, Aníbal Erazo Alvarado, quien cerró la sesión de corporación municipal solo porque Cruz estaba cubriendo.

Una prensa bajo ataque

Recientemente el Conadeh, reveló que al menos 107 periodistas y comunicadores sociales denunciaron, entre el 2016 y julio del 2023, estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado, al ser objeto, en un 80% de los casos, de amenazas, situación que no solo puso en riesgo el ejercicio su profesión, sino que su integridad y su vida.

La titular de esta institución, Blanca Izaguirre dijo que las denuncias de periodistas y, en general, de personas vinculadas a los medios de comunicación, van en aumento cada año, situación que pone en riesgo la libertad de expresión y de información en el país. Ella condenó tales hechos.

Entre enero y julio del 2023, el Conadeh atendió 21 quejas de periodistas y comunicadores sociales, cantidad que no solo supera las 20 atendidas en el 2022, sino que se constituye en la más alta, desde el 2016.

De las 107 quejas presentadas desde el 2016, el 76% tuvieron como escenario los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés. Se estima que, al menos, el 76% de los denunciantes están en riesgo, mientras que, el 24% habrían sido víctimas de desplazamiento forzado.

Se reveló además que, en el 38% de los casos, los responsables de poner en riesgo la integridad física y la vida de periodistas y comunicadores sociales son personas desconocidas, mientras que, en un 33%, son conocidos, entre ellas miembros de maras y pandillas, bandas criminales, operadores de justicia y miembros del crimen organizado.

Una situación compleja

Para Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), la prensa está bajo ataque. La situación de los periodistas y comunicadores en el interior del país es más compleja y delicada al ser constantemente intimidados, criminalización y son víctimas de un discurso de odio que se gesta desde el Ejecutivo y Legislativo.

El ataque a la prensa “me parece que es una política de Estado que va hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas en todo el país. Es una irresponsabilidad de los líderes de nuestro país”.

El clima en otras ciudades del interior de Honduras, donde también funcionan las radios comunitarias, es más  adverso, a tal extremo que obligan a la prensa a callar, quedando prácticamente sola a la espera de lo que pueda ocurrir, deploró.

De acuerdo con Ortiz, la intolerancia de los políticos en el gobierno, de los activistas del partido en el poder, de los alcaldes y de la misma policía son una verdadera amenaza para la prensa, aparte de los ataques de los grupos delictivos relacionados con la corrupción, el crimen organizado y el tráfico de drogas.

Lamentó que el gobierno no quiera seguir las recomendaciones de los representantes de organismos internacionales, así como de la normativa acerca de la protección a la libertad de expresión y de prensa, derechos protegidos en las democracias, pero muy afectados en los gobiernos autoritarios y dictatoriales.

Recientemente Irene Khan, relatora especial para la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas vino a este país y al finalizar su visita sostuvo que: “la violencia, las amenazas, los ataques en línea, la intimidación, la criminalización y el acoso judicial a personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales siguen siendo alarmantemente altos”.

Mientras se publique que todo lo hacen bien no pasa nada, pero la prensa no funciona así

Por su parte, el comunicador social, Óscar Rodríguez- quien cubre el sector de Sabá, Tocoa y Olanchito en el departamento de Colón, afirmó que, en esa zona, en los últimos años el clima de amenazas contra los que trabajan en los medios de comunicación ha bajado. “Hoy se vive un poco más tranquilo”, explicó.

Rememoró que en unos momentos los narcotraficantes decían que versión u opinión se debía dar. Actualmente, siempre se dice que en el departamento hay grupos de traficantes, no obstante, la situación ha cambiado. Otra es que “cuando se hace periodismo sin inclinarse hacia ningún sector, yendo por la parte media, las amenazas disminuyen, aunque no falta la reacción de alguien aludido, declaró.

Rodríguez relató que hace poco en el desalojo de una finca invadida, la Policía llegó con una gran cantidad de elementos a desalojar a los ocupantes e iban a darles con todo, pero como los medios estaban transmitiendo en vivo la acción no pasó a más. Había policías furiosos, que cuando uno pasaba cerca de ellos “nos decían sapos viejos”, describió.

En cuanto a las amenazas e intimidaciones provenientes del sector político, los alcaldes son los que muchas veces la emprenden contra la prensa porque se sienten afectados, sobre todo cuando se denuncian sus actos de corrupción y se les vota algunos negocios turbios. Mientras se publique que todo lo hacen bien no pasa nada, pero la prensa no funciona así, sostuvo Rodríguez.

Hay desde el poder Intolerancia al disenso 

Por su parte el abogado Carlo Jiménez, añadió que durante el tiempo de la dictadura de Juan Orlando Hernández conoció de las amenazas a periodistas y comunicadores sociales en todas las escalas, “desde la intimidación, las amenazas con procesos judiciales, hasta las amenazas de violencia”.

“Sobre lo que ocurre en este nuevo gobierno, que ya no es tan nuevo no tengo un panorama actualizado en ese ámbito, pero de forma general creo que la situación no cambia, o sea, vemos siempre un ejercicio abusivo del poder de quienes lo ostentan y no toleran la crítica”, expresó el profesional del derecho.

Detalló que cuando el poder no puede cooptar a los periodistas a través de prebendas, contratos de publicidad o anuncios en los medios o en sus programas, entonces se busca desprestigiarlos, se les cierra las puertas, no los invitan o los aíslan totalmente de la posibilidad de cubrir eventos oficiales y hasta se les amenaza con procesos judiciales.

Aunque no puede hablar de cómo andan actualmente las amenazas y agresiones a periodistas y comunicados sociales en el país, lo que sí es evidente “de las autoridades a todo nivel, desde la presidencia de la República, es que hay una intolerancia a la crítica, una intolerancia absoluta al disenso y el que no repite su discurso es un enemigo”, cuestionó Jiménez.