Las autoridades del estado hondureño respondieron en el 188 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el desbaratamiento del Mecanismo de Protección para los Personas Defensoras de Derechos Humanos. En tal reunión el Estado quedó evidenciado como irresponsable al permitir una dinámica insostenible de miedo, violencia, impunidad.
El martes siete de noviembre el Estado hondureño fue llamado a audiencia pública donde los representantes de las organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos, beneficiarias de medidas de protección expusieron el desmontaje y la inoperancia del sistema de protección bajo la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH.
Nadia Mejía, del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos sostuvo que la CIDH, como el más alto tribunal de justicia del continente, reconoció que el Estado hondureño es responsable internacionalmente por casos relacionados a asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, sentando un precedente para construir una institución que proteja de manera oportuna y contundente de la violencia generalizada y sistemática contra personas defensoras de derechos humanos en el país.
Recordó que en el 2015 el Sistema Nacional de Protección fue creado bajo la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. La instalación de este mecanismo representó una oportunidad para responder a sus necesidades de seguridad.
La consigna fue clara, sin embargo, las organizaciones solicitantes de esta audiencia, “acompañamos y representamos a personas beneficiarias o usuarias del Mecanismo de Protección, con preocupación hemos documentado diversos obstáculos que no sólo impiden el debido funcionamiento del mecanismo, sino que también la desatención generalizada ha impactado gravemente en la seguridad y en la vida de quienes defienden los derechos humanos en Honduras”, precisó Mejía.
Por su parte Walter Díaz, en representación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia afirmó que respecto a los obstáculos políticos y de gobernanza, las organizaciones solicitantes dan cuenta que la ley prevé que el Consejo Nacional de Protección está compuesto por siete instituciones del Estado y por representantes de siete organizaciones civiles distribuidas entre gremios y organizaciones de derechos humanos, defendiendo un modelo de gobernanza multisectorial.
No obstante, se nota una falta generalizada de corresponsabilidad institucional al no acudir a las sesiones del Consejo Nacional, o al delegar una toma de decisiones. Esta ausencia de representantes del gobierno hondureño impide la continuidad del trabajo, la toma de decisiones sustantivas, la transparencia y rendición de cuentas, sumado a que se acentúa la desconfianza de personas beneficiarias y usuarias del mecanismo de protección, al notar una institucionalidad endeble y con poco respaldo político del gobierno.
Asimismo, Díaz expuso los obstáculos financieros y de la Dirección General del Sistema de Protección, lo cual limita su capacidad para la adopción de decisiones sobre desembolsos, contrataciones, gastos operativos y gestión del personal. Las organizaciones civiles también notan que el presupuesto disponible para el correcto y buen funcionamiento del sistema de protección históricamente ha sido insuficiente para cumplir con las obligaciones que derivan de la ley.
Además, cuenta con un esquema de financiamiento impredecible, ya que este no se prevé en su totalidad dentro del Presupuesto General de la República, sino que se requiere de otras aportaciones, lo que dificulta una debida planeación y ejecución del presupuesto para necesidades tanto internas como para la implementación y seguimiento de medidas de protección, lamentó Díaz.
Explicó que esta situación provocó que el Comité Técnico no sesionara desde octubre del 2022 hasta junio del 2023, deteniendo el proceso de los casos ingresados en este período y de las reevaluaciones de casos vigentes, afectando y ejecutando planes de protección. Más bien en febrero y agosto del 2022, se documentaron una serie de despidos masivos del personal del mecanismo de protección, manteniendo a menos de un tercio del personal con el que se contaba originalmente, describió.
Según su conocimiento, el recorte de personal generó una sobrecarga operativa y una imposibilidad de gestionar todas las responsabilidades que vienen de los múltiples casos que se atienden. Esta decisión fue tomada directamente por la Secretaría de Derechos Humanos, generando una parálisis casi total en la aplicación de los dispositivos de protección.
Por otro lado, prosiguió, las personas usuarias del mecanismo de protección dan cuenta de que no existen medios para que las unidades especializadas acudan a realizar análisis de riesgo oportunamente en los territorios. También sobresale la negativa en el otorgamiento de medidas de infraestructura como sistema de monitoreo o alumbrado público.
“Sostenemos que los planes de protección se ven desfavorecidos por la incapacidad presupuestaria de asumirlos, generando la incertidumbre e insatisfacción de personas usuarias y beneficiarias del mecanismo de protección. Como ha quedado expuesto, el modelo de financiamiento del Sistema Nacional de Protección es inestable, inadecuado e insostenible, sin una recaudación de recursos suficiente para la demanda que tiene todo en el territorio hondureño”, detalló Díaz.
Exposición de beneficiarios
Entre tanto, una persona de la tribu Tolupán, beneficiaria de las medidas de protección, explicó a la CIDH que el Estado se ha desentendido de su protección y que el monitoreo necesario de implementación de análisis medidas otorgadas es actualmente inexistente.
Las metodologías para evaluar el riesgo están alejadas de lo que dispone la Ley de Protección, en tanto deberían evaluar la probabilidad de ocurrencia de un peligro o agresión al que se encuentra expuesta una persona defensora, un grupo, o una comunidad y no como historial de incidencia.
Los esquemas de protección planteados desde el mecanismo carecen de un enfoque integral y de un análisis diferenciado e interseccional, manteniendo propuestas que se reducen a la presencia policial sin identificar también a las personas responsables de las amenazas.
Incluso la inoperancia y disminuida presencia del Sistema Nacional de Protección ha repercutido directamente en la vigilancia del contexto de riesgo y en el otorgamiento e implementación de medidas adecuadas para preservar la vida integral de las personas defensoras, periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia en Honduras”, expuso.
Por su parte, un miembro de la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG), beneficiario también del Mecanismo de Protección del Estado, detalló que en el 2019 se registraron dos asesinatos de defensores indígenas de San Francisco de Locomapa, entre enero y febrero de 2023 fueron asesinados siete defensores de derechos humanos en la zona norte del país.
El 7 de enero fueron asesinadas dos personas por defensor el río Guapinol. El 20 de enero asesinaron al presidente de la cooperativa campesina Los Laureles en El Aguán. El 28 de enero asesinaron a un integrante del Comité de Defensa de la Tierra de la Comunidad Triunfo de la Cruz y el 13 de febrero junto a su hijo asesinaron al campesino Gregorio Chávez también en El Aguán. Todos estos asesinatos y más fueron de personas beneficiarias o vinculadas a medidas de protección otorgadas por la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El mecanismo de protección, aún y conociendo cada caso en particular y los contextos de violencia desarrollados en las zonas, no actuó con la debida diligencia. No hay quien asuma institucionalmente la protección en los territorios. El narcotráfico y las empresas de seguridad privada son los elementos que provocan una dinámica insostenible de miedo, violencia, impunidad y una institucionalidad ausente.
Los asesinatos y otros actos de violencia, intimidación, hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado tienen una consecuencia multiplicadora que va más allá de la afectación a la persona, pues cuando la agresión es cometida en represalia a la actividad de defensa, comunicación y justicia, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares.
“Nos encontramos en un momento histórico para construir de forma coordinada y participativa en el fortalecimiento del Mecanismo de Protección y consolidarlo como la principal garantía de protección a los derechos humanos, la libertad de expresión y el combate a la impunidad en Honduras”, demandó el miembro de ASONOG.
Defensa estatal
Tomás Emilio Andrade Rodas, subprocurador general de la República, sostuvo que el Estado hondureño comparecía en el 188 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendiendo la convocatoria a la audiencia temática sobre la situación del Mecanismo Nacional de Protección.
La Ley de Protección para los y las Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia destaca la importancia que el Estado brinda al trabajo que desempeña los sectores protegidos en la promoción y protección de la democracia y el Estado de Derecho. De igual manera, la situación de vulnerabilidad y el riesgo que en esto se encuentran. obligándose a crear las condiciones necesarias para que puedan ejercer su trabajo, prevenir las agresiones, adoptar las medidas de protección idóneas que les permitan desarrollar su trabajo.
En ese marco, la Procuraduría General de la República participa permanentemente en las instancias del Sistema Nacional de Protección, como ser el Consejo Nacional de Protección y el Comité Técnico del Mecanismo de Protección como parte del ente deliberativo y de asesoría al sistema nacional y el segundo como encargado de realizar los dictámenes y análisis de riesgo, deliberación y decisión sobre las solicitudes de protecciones presentadas ante la dirección del mecanismo, expresó Andrade.
En defensa del Estado, Natalie Roque, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, también expuso que la Comisión General del Sistema de Protección por mandato estipulado en ley es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos y constituye el órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Protección.
Esta instancia tiene como objetivo principal reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas y contenidas en la Constitución de la República y en los instrumentos de derecho internacional de toda persona natural o jurídica, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad.
Explicó que la Secretaría a su cargo todavía está en una transición administrativa por el cambio de gobierno. Rememoró el apoyo internacional. Al asumir buscó realizar una transición moderada y “se mantuvieron los altos cargos durante las primeras semanas y meses, incluyendo la persona que ostentaba la Subsecretaría de Protección y la persona a cargo de la Dirección General del Sistema, todo esto en aras de no interrumpir los procesos y no generar algún tipo de vulnerabilidad adicional a las personas beneficiarias.
“Sin embargo, estas disposiciones demostraron ser insostenibles a mediano plazo. La Dirección General se encontró en una situación de déficit presupuestario casi absoluto. con una deuda de implementación de medidas de protección desde el año 2020. Esto denota una gestión financiera inadecuada que en ocasiones era suplida mediante créditos, que de forma no consensuada se descontinuaron con el cambio de administración”, relató Roque.
Según ella, ante esta situación, se tomaron todas las acciones administrativas para asegurar un presupuesto adecuado en el segundo semestre de 2022. Además, la Dirección General de Protección fue encontrada con un desfase en la actualización de los casos de personas beneficiarias y falta de documentación de los procesos internos.
Ante tal situación se llegó a la conclusión que existía un personal técnico con falta de compromiso con la población objeto de la ley; por lo cual respecto al personal se consideran a partir de una serie de análisis derivados de quejas y malestares por las poblaciones beneficiarias sobre malos tratos, canales de comunicación inadecuadas, falta de respuestas en tiempo y forma, poca formación en temas de protección y desconocimientos se derivaron en la decisión de hacer una revisión estructuración de personal.
Se tomó la decisión de reestructurar integralmente el personal del sistema, de la dirección, por profesionales de diferentes disciplinas provenientes de algunos casos de organizaciones de derechos humanos. Lo anterior implicó que por primera vez se realizan abordajes desde perspectivas múltiples, se cuenta con periodistas y comunicadores al igual que personal de la comunidad de la diversidad y de los territorios, afirmó.
La funcionaria describió que a la fecha el Mecanismo Nacional cuenta con 185 casos activos, de los cuales 115 corresponden a casos individuales y 70 a colectivos. De estos 185 casos, 138 son personas defensoras de derechos humanos, 15 periodistas, 16 comunicadores sociales y 16 operadores de justicia. Respecto a los 138 casos de defensores personas de derechos humanos, 49 son de medio ambiente, 3 de niñez y adolescencia, 19 ancestrales y patrimonio cultural, 9 derechos de la mujer, 3 de debido proceso y acceso a la justicia, dos, educación, once de agua, veintinueve de derechos a la tierra, y trece de defensa de derechos de la Comunidad LGTBIQ.
De los 185 casos activos, 6 casos, el 3.2% representan medidas cautelares otorgadas por la CIDH en este sentido, llamamos la atención de la Honorable Comisión, puesto que éste eroga más del 80 de nuestro presupuesto, mientras que el restante, 96.8% de los casos, eroga apenas un 15% del presupuesto. Roque indico que su administración tiene innumerables desafíos, entre ellos el de lograr una asignación presupuestaria suficiente y el de lograr reducir a cero la mora. En la audiencia ella se comprometió a tomar medidas represivas contra las personas que denunciaron al Estado ante la CIDH.
Desmontando no verdades
No obstante la excusa permanente es que hay una transición de gobierno y por ello no se ha avanzado, pero en la práctica hay graves falencias entre las que destacan la concentración de poder en las manos de la ministra Roque lo que hace casi inoperable el Mecanismo Nacional de Protección, pues allí no se mueve nada sin su autorización, dejando sin independencia al Director de la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, o sea al Director del Mecanismo.
Otro de los argumentos ya desgastados es el desprestigio permanente contra el personal anterior el cual fue sacado abruptamente, no es cierto que fue paulatinamente, y no se le permitió ni siquiera dejar informes de su gestión.
Llama la atención como el actual director el abogado Rodolfo Zamora, fue excluido de la participación ante la audiencia del 07 de noviembre en la CIDH por una persona a la que llamaron directora por Ley, usurpando las funciones del director pues la Ley de Protección no tiene esa figura sino que a falta del director es el asesor jurídico, sin embargo el director no ha faltado, siempre está allí, sin poder tomar las decisiones que ya la ley de Protección le otorga.
Vea la audiencia